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El Agro nos importa

La agricultura padece los mismos problemas de competitividad que la mayoría de los sectores productivos del país. Esos problemas se vuelven especialmente perjudiciales en este rubro, porque Uruguay tiene un mercado interno muy chico y todos sus productos (soja, trigo, maíz, sorgo) deben ser competitivos a paridad de exportación.


La única industria que se mantiene gracias al mercado interno es la harinera, aunque con una concentración cada vez mayor.

El alto costo país también pone frenos a la integración vertical del sector. Argentina produce los mismos productos que nosotros pero tiene industrias de transformación muy competitivas (por ejemplo, las aceiteras con más escala del mundo). Estos aspectos nos condenan a exportar bienes primarios sin ninguna industrialización.

Otros problemas que afectan al sector son la incertidumbre climática (respecto de la cual se tiene una enorme dependencia), el costo de los arrendamientos (un 70 por ciento de la agricultura se hace bajo este régimen) y los costos logísticos asociados al mal estado de las rutas y el costo del combustible. Este último problema ha hecho bajar consistentemente las áreas sembradas en zonas alejadas de los puertos. El tema de la distribución de gas agrega complejidades. La infraestructura de distribución de gas es insuficiente y en cada zafra se plantea un escenario muy diverso de oferta y demanda.



El modelo agrícola uruguayo depende mucho de un solo cultivo, que es la soja. Esta situación no es buena para los productores, ni para los exportadores, ni para la tierra, ni para el Estado. Existe una capacidad instalada a lo largo de toda la cadena que no está siendo debidamente aprovechada. Se deben difundir rotaciones que a mediano plazo resulten beneficiosas para todos. Los cultivos de invierno son necesarios para el sistema, pero necesitan estímulos fiscales de corto plazo (estímulos que serán más que devueltos por lo que se recaude de impuestos: devolución de tributos, prefinanciación de exportaciones e incentivos de tipo fiscal, tanto para la exportación como para la industria nacional).

Riego y manejo integral del agua

En la década de los 90, el proyecto Prenader, con fondos del Banco Mundial, financió y subsidió parcialmente el desarrollo de embalses y fuentes de agua. Resultó una medida acertada pero parcial: sirvió mucho al sector arrocero, pero no tuvo el mismo impacto en otros. En cultivos agrícolas extensivos de verano (maíz, soja) y pasturas, hay buena respuesta al riego. Pero en este caso no sólo se requieren embalses, sino también otras inversiones para las cuales el Prenader no daba respuestas.

En años recientes, la mayor rentabilidad de la agricultura y la Ley de Promoción de Inversiones justificaron esas inversiones adicionales, como instalaciones eléctricas, sistemas de bombeo, sistemas de cañerías de conducción y equipos para riego por aspersión (principalmente para granos, aunque también se instalaron para la producción de pasturas). Hoy el INIA, la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República y el Secretariado Uruguayo de la Lana están realizando esfuerzos para generar información.


Un último elemento para entender la situación es la Ley de Riego. Se trata de una norma bien inspirada, que apunta a estimular y apoyar la iniciativa privada. El concepto fundamental es fomentar emprendimientos conjuntos con capitales de terceros, que se puedan aplicar a sistemas multiprediales (prácticas que ya existen en áreas arroceras, pero que en el resto del país encontraban demasiados obstáculos). Pero la ley generó al mismo tiempo preocupaciones y debates, en general asociados a problemas ambientales. Por ejemplo, se señala que los embalses constituyen un punto de contaminación, especialmente en lo referido a las cianobacterias.

Todo esto exige desarrollar un enfoque integral de manejo del agua, que contemple al mismo tiempo las necesidades productivas y los riesgos ambientales.


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