Nuevo modelo de Relaciones Laborales
Nuestro país tiene una rica tradición de gestión de las relaciones laborales, en cuyo centro están los Consejos de Salarios. Nosotros nos identificamos con esa tradición y estamos comprometidos con su continuidad. Los Consejos de Salarios seguirán siendo el ámbito clave y contarán con todo nuestro respaldo. Lo mismo vale para otras formas de diálogo social, como las relativas a la seguridad social y a las políticas de empleo.
La primera condición para sostener esta tradición y esta institucionalidad a lo largo del tiempo es asegurar su legitimidad a ojos de todos los involucrados. Eso requiere un funcionamiento razonable y equilibrado. Cuando alguna de las partes siente que no es escuchada, o se considera perjudicada en forma sistemática, la legitimidad del sistema termina por resentirse. Allí reside la primera responsabilidad del gobierno, sea del partido que sea. El gobierno debe ser capaz de generar confianza y reciprocidad entre trabajadores y empleadores.
En los últimos años se han acumulado episodios que ponen en cuestión este equilibrio y que, en consecuencia, erosionan la legitimidad del sistema.
Un primer ejemplo es lo ocurrido a propósito de la ley de negociación colectiva del sector privado (Ley N°18.566). El sector empleador interpuso una queja ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, cuestionando varios aspectos de esa norma. Junto con la queja, se solicitó a la OIT asistencia técnica para consensuar las modificaciones pertinentes. En respuesta a la solicitud, nuestro país recibió un informe técnico donde se reconocía el problema y se hacían recomendaciones y observaciones en línea con las orientaciones generales de la OIT. Recientemente, la Comisión de Aplicación de Normas, instó al Gobierno a iniciar medidas legislativas, previa consulta con las organizaciones más representativas de trabajadores y empleadores.
Un segundo ejemplo es la conducta seguida por el gobierno en relación a las ocupaciones de los lugares de trabajo. El Decreto 165/006 ha permitido que se vulneren libertades y derechos protegidos por nuestra Constitución: libertad de trabajo, de empresa, de circulación, e igualdad ante la ley. Sin embargo, el gobierno ha preferido mantenerlo vigente.
Nosotros entendemos que esta línea de acción no ayuda al desarrollo de un sistema de relaciones laborales que debe ser colaborativo. El gobierno debe respetar las normas constitucionales y legales. También debe evitar que se instale una cultura que coloca al conflicto como primera reacción ante cualquier diferencia, sin evaluar el impacto sobre la marcha de la economía y sobre el clima de convivencia. La regla debe ser la cooperación y la excepción el conflicto.
Nuestro compromiso es desarrollar un sistema de relaciones laborales que atienda a los legítimos intereses de todas las partes, y que favorezca la negociación y la búsqueda de acuerdos como alternativa a la cultura del conflicto. El gobierno debe garantizar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores y de los empleadores consagrados en la Constitución de la República, los convenios internacionales ratificados por Uruguay y nuestra propia legislación interna. Asimismo, debe mantener una razonable equidistancia entre los actores sociales y promover acciones claras y estables. El gobierno debe contribuir a aumentar la confianza entre las partes y promover una cooperación generadora de oportunidades para todos. El reto consiste en optimizar un sistema legal de relaciones laborales que permita facilitar el dialogo y dinamizar la negociación colectiva.
Paralelamente, el mundo de trabajo viene experimentando cambios sustanciales. La revolución tecnológica, la inteligencia artificial y la automatización inciden e incidirán de manera transformadora en el ámbito laboral. Hay trabajos que desaparecen, otros que se crean y otros todavía que requieren nuevos conocimientos y nuevas capacidades. No solo se afectan puestos de trabajo, sino la forma en que el trabajo se organiza. Por ejemplo, las tareas en plataformas digitales no se desarrollan bajo la forma tradicional de empleo en relación de dependencia, ni en lo que típicamente conocemos como un lugar trabajo. Aparecen nuevas formas de empleo que debemos atender y que también impactan en nuestro sistema de seguridad social.
Los expertos señalan que las tareas de baja calificación serán las más expuestas a la automatización, a diferencia de los trabajos que requieren capacitación profesional o educación terciaria. También perciben la posibilidad de que el trabajo asalariado tradicional pierda predominancia en relación al trabajo autónomo (teletrabajo, free-lance). Hace tiempo que nuestro país debería contar con un marco regulatorio para el teletrabajo que ofrezca certeza jurídica a todas las partes. Varios países han avanzado en este tema y es posible aprender de sus experiencias.
Todos estos cambios requieren respuestas del sistema educativo, de la formación profesional, de la legislación laboral y del diseño de políticas públicas de protección. Tenemos el desafío de entender las nuevas realidades y encontrar las respuestas adecuadas para ellas. Estas respuestas, sumadas a nuestro interés de que la política laboral tenga un rol central al momento de definir las estrategias de desarrollo del país, nos permitirá enfrentar los desafíos actuales en mejores condiciones. La capacidad de dialogo social, el respeto de los derechos fundamentales, un entorno jurídico que otorgue seguridades, la ausencia de discriminación, la igualdad de oportunidades, un sistema educativo capaz de potenciar el talento humano a lo largo de toda la vida, una política macroeconómica estable, y una adecuada infraestructura material y tecnológica, son pilares necesarios para alcanzar mayores niveles de empleo de calidad.