Transparencia y rendición de cuentas
Transparencia y rendición de cuentas
Extraído del #Programa20_25
Acciones de Gobierno – Luis Lacalle Pou
21. Fortalecimiento del Tribunal de Cuentas
Los últimos gobiernos se han acostumbrado a ignorar las observaciones del Tribunal de Cuentas, como si se tratara de un órgano de poca relevancia. Esta actitud es posible porque existe un problema de diseño institucional: las observaciones del órgano no tienen efectos inhibitorios. El Tribunal se limita a informar al Poder Legislativo o a las Juntas Departamentales, pero una mayoría política puede decidir ignorarlas. Nuestro propósito es revertir esta situación.
El primer paso será dar mayor publicidad a las resoluciones del Tribunal, de manera que los ciudadanos puedan formarse su propia opinión sobre el desempeño de los diferentes jerarcas del Estado. El segundo paso consistirá en el seguimiento de cada observación por parte de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas. Como tercer paso, y respecto de las empresas públicas, el Poder Ejecutivo podrá hacer uso de las facultades concedidas por el artículo 197 de la Constitución para efectuar observaciones, exigir rectificaciones o suspender actos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 198 de la Constitución, en lo pertinente.
Asimismo, se impulsarán iniciativas legislativas tendientes a reforzar los efectos de aquellas resoluciones del Tribunal de Cuentas que lo ameriten por su trascendencia.
22. Fortalecimiento de la Justicia Administrativa
El país necesita fortalecer su sistema de justicia administrativa. Si bien el marco jurídico prevé la existencia de procedimientos administrativos, régimen de recursos administrativos contra los actos jurídicos dictados por la Administración que pueden lesionar derechos subjetivos o intereses directos, personales y legítimos, eso ya no es suficiente. Tampoco lo es la instancia única a nivel jurisdiccional del contencioso administrativo de anulación a cargo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el cual no sólo tiene que atender miles de demandas anuales sino que no cuenta con instrumentos jurídicos suficientes para hacer ejecutar lo juzgado.
Nosotros nos proponemos otorgar mayores garantías a los ciudadanos frente a las prerrogativas estatales, así como fortalecer el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Vamos a introducir mejoras en la legislación vigente para que no sea necesario agotar la vía administrativa para que el ciudadano pueda acudir directamente al Poder Judicial, a iniciar una acción de reparación patrimonial. A su vez, proponemos mejorar la legislación para dotar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo de medidas cautelares concretas, de manera de poder hacer efectivos sus fallos cuando la Administración no los cumple, o los cumple tardíamente.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo debe agilitar su gestión y dejar de funcionar como instancia única. Para eso estudiaremos la posibilidad de creación de juzgados y eventualmente de tribunales de apelación con competencia anulatoria. Esos juzgados y tribunales podrán establecerse o trasladarse a distintas partes del país, como forma de favorecer la accesibilidad y la descentralización.
23. Fortalecimiento de la URSEC y de la URSEA
Estas dos Unidades Reguladoras han sido debilitadas por los gobiernos del Frente Amplio. Se ha producido el fenómeno denominado “captura del regulador por el gobierno”. Es necesario revertir este proceso, alineando el funcionamiento de estas unidades con las mejores prácticas internacionales, que indican un diseño institucional basado en la independencia funcional y orgánica, así como en la neutralidad política de la gestión. Nos proponemos reubicar a la URSEA y a la URSEC en el organigrama institucional, eliminando su subordinación respecto del Poder Ejecutivo y fortaleciendo su autonomía. Se hablará más específicamente de este tema en el próximo capítulo.
24. Control del “Estado paralelo”
Durante los gobiernos frentistas fueron creadas cerca de medio centenar de sociedades comerciales y fideicomisos que manejan dineros públicos, pero funcionan en régimen de Derecho Privado. Esas entidades invierten, contratan, gastan y designan gerentes sin pasar por los controles del Tribunal de Cuentas ni informar debidamente a la ciudadanía. La transparencia no existe y el riesgo de manejos indebidos es muy alto, como lo mostró el caso de ANCAP. Por eso nos proponemos revisar y derogar la normativa que está permitiendo eludir los controles y el cumplimiento de las normas de administración. También queremos revisar la normativa que regula la firma de convenios con la Corporación Nacional para el Desarrollo. La fuga desde el Derecho Administrativo hacia el Derecho Privado puede convertirse en una manera indirecta de hacer lo que está prohibido hacer en forma directa.
25. Fortalecimiento del sistema de acceso a la información pública
La Ley de Acceso a la Información Pública fue un avance, pero no está siendo aplicada en forma correcta. Con cierta frecuencia hay atrasos o la información se entrega de manera incompleta, lo que en los hechos determina múltiples incumplimientos a las obligaciones en materia de trasparencia activa y pasiva. Nos proponemos asegurar la plena vigencia del principio de trasparencia en la actuación del Estado, dotando de un mayor dinamismo y ejecutividad a la Unidad de Acceso a la Información Pública, quien llevará y publicará un registro de los organismos que presenten apartamientos a los instrumentos consagrados en la norma.
26. Control ciudadano
Las nuevas tecnologías de la información y las redes sociales permiten promover la participación activa y responsable del ciudadano en el control de la actuación de los servidores públicos. Este escenario ofrece la oportunidad de rendir cuentas en todo momento sobre la manera en que se administra el dinero que aportan los contribuyentes. Esto requiere generar una dinámica de comunicación en dos direcciones. Desde el Estado, divulgando quien, cómo y dónde se gastan los dineros públicos, aunque se trate de gastos menores. Desde los ciudadanos, denunciando los hallazgos, sea por iniciativa de parte o mediante servicios de escucha activa en redes sociales. El área de Trasparencia e Información de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas hará un seguimiento permanente de las situaciones denunciadas o que tomen estado público. En caso de que resulten fundadas, reportará los antecedentes a efectos de promover las acciones correctivas y de recupero pertinentes.